“Voci femministe dal mondo: un incontro tra attiviste e studiose” è stato il tema del convegno che si è tenuto sabato 29 novembre, dalle 10 alle 13, nel complesso delle Benedettine in Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, organizzato dalla Casa della donna in collaborazione con l’Università di Pisa.
“L’appuntamento di sabato – afferma Ketty De Pasquale, presidente della Casa della donna – ha rappresentato un ulteriore passo in avanti verso uno spazio di confronto tra femministe, attiviste e studiose, con l’obiettivo di far dialogare esperienze diverse: dall’Europa al medio oriente, al sud-est asiatico, alle aree subsahariane, a Cuba. Una panoramica sui femminismi che si sono diffusi in tutti i continenti dove sono presenti realtà in continua trasformazione, poco conosciute nel nostro Paese. E' stata l’occasione – chiude Ketty De Pasquale – per allargare lo sguardo verso pratiche, visioni e percorsi femministi che mettono in discussione modelli dominanti e aprono nuove prospettive di libertà, autodeterminazione e giustizia sociale, rafforzando reti solidali capaci di attraversare confini geografici, culturali e politici”.
Nel corso della mattinata si sono alternate Marilys Zayas Shuman, cubana giornalista e attivista femminista e componente del Comitato Nazionale della Federazione delle Donne Cubane (FMC). Dirige la casa editrice Editorial de la Mujer e la rivista Mujeres. Olga Karach, nota attivista bielorussa, politologa e giornalista, direttrice del movimento per i diritti civili bielorusso Nash Dom (La nostra casa). Attivista di fama internazionale, riconosciuta per il suo lavoro in favore dei diritti umani e la sua opposizione al regime di Lukashenko, per il quale è stata perseguitata, arrestata e torturata.
Hadeel Karkar, specializzata in letterature coloniali e della resistenza, assegnista di ricerca al dipartimento di Scienze Sociali e Politiche della Scuola Normale Superiore di Pisa, ha illustrato lo stato dell’arte della ricerca su realtà politiche e sociali del contesto coloniale di insediamento, mentre Renata Pepicelli, docente di studi islamici, ha parlato degli studi di genere e movimenti sociali e politici in nord Africa e nei contesti dell’Islam europeo.
Hanno terminato Alessandra Chiricosta, filosofa interculturalista, esperta di gender studies, storica delle religioni specializzata in culture del sudest asiatico continentale dell’Asia Orientale e Giovanna Spanò, docente all’Università di Pisa dove ha insegnato diritto musulmano e dei Paesi islamici.
Marilys Zayas Shuman
Mi nombre es Marilys Zayas Shuman, soy cubana y periodista feminista. Quiero comenzar agradeciendo profundamente la invitación a este encuentro, que nos permite dialogar y reconocernos en nuestras luchas compartidas.
Hablar del feminismo en Cuba es hablar de una memoria que no se borra. Somos parte de una tradición que une independencia, revolución y comunidad. Les hablo desde una isla que ha vivido y resistido muchas batallas. En cada una de ellas, las mujeres hemos estado en la primera línea: organizadas, solidarias, tercas, soñadoras.
Nuestro feminismo hunde sus raíces en el movimiento sufragista de inicios del siglo XX, cuando mujeres cubanas se organizaron para reclamar el derecho al voto y la educación, y conquistaron en 1934 un hito político fundamental con el sufragio femenino. Tras la Revolución de 1959, sumó sus agendas de lucha a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que se convirtió en un espacio para canalizar demandas de igualdad y avanzar en educación, salud y participación laboral.
Pero hablar de feminismo en Cuba es también hablar de incomprensiones, de miradas que nos observan con sospecha por el desconocimiento de nuestros aportes, y de un campo de disputas contemporáneas.
Las feministas cubanas estamos organizadas desde múltiples espacios: la academia, produciendo saberes críticos; las comunidades, tejiendo redes de apoyo y resistencia; la racialidad, con mujeres negras que han puesto en el centro la lucha contra el racismo y el patriarcado; y la diversidad sexual, con lesbianas y trans que han abierto caminos de visibilidad y dignidad.
Han sido muchos los aportes que nos han traído hasta aquí, y también muchas las insatisfacciones, porque sabemos que aún falta por hacer.
Pregunta 1: ¿Qué violencias enfrentamos?
En Cuba, como en tantas partes del mundo, las violencias contra las mujeres son múltiples y persistentes. La violencia machista en el hogar sigue siendo una realidad que atraviesa generaciones. La violencia simbólica se manifiesta en los medios, en los estereotipos que nos relegan a roles tradicionales y en la invisibilidad de nuestras voces en los relatos oficiales. La violencia económica limita nuestra autonomía, precariza la vida de las mujeres en contextos de crisis y coloca sobre nuestros hombros la carga de sostener la vida cotidiana.
Sin embargo, hemos aprendido a nombrarlas, a denunciarlas y a organizarnos. Desde la FMC trabajamos en barrios, escuelas y centros laborales: escuchamos, acompañamos, formamos. Creamos espacios seguros donde las mujeres pueden hablar sin miedo, sanar y construir juntas. Y desde el periodismo feminista, hemos hecho de la palabra un arma contra el silencio, un recurso para visibilizar lo que se pretende ocultar.
Pregunta 2: ¿Cuáles son nuestros retos y nuestras respuestas?
Uno de los grandes retos es desmontar el machismo que aún persiste en nuestra cultura. No basta con leyes o programas: necesitamos transformar imaginarios, educar desde la infancia, cuestionar lo que se nos ha enseñado como “normal”. Otro reto es la incomprensión del feminismo: a veces se le teme, se le caricaturiza, se le acusa de dividir. Pero insistimos, porque sabemos que sin feminismo no hay justicia social posible.
Las alternativas cubanas ante la violencia de género combinan acciones institucionales —planes, protocolos, campañas— con respuestas comunitarias y autónomas —redes de apoyo, proyectos culturales, activismo digital—. El gran desafío es articular estas iniciativas en un marco legal sólido y plural que garantice protección efectiva y reconozca la diversidad de voces feministas.
La FMC, acompañada por feministas desde distintos ámbitos, ha impulsado importantes marcos legales y programas que hoy visibilizan y atienden mejor el tema de la violencia en nuestro país. Entre ellos: el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), aprobado en 2021 como agenda estatal para la igualdad de género; la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar, que articula acciones intersectoriales; el Código de las Familias, aprobado en 2022, que reconoce la diversidad familiar y amplía derechos con mecanismos de protección frente a la violencia y la discriminación; y la Política Nacional de Cuidados, que coloca el cuidado como derecho humano y busca redistribuir de manera justa las responsabilidades entre familias, sociedad y Estado.
Estas legislaciones son fruto de un camino colectivo, donde la voz feminista ha sido decisiva para que la igualdad y la justicia social se traduzcan en normas concretas y en prácticas de transformación. Cada una de estas alternativas es un hilo que, al entrelazarse, teje un manto de protección y esperanza.
En ese camino, nuestras respuestas se expresan también en proyectos concretos. El Proyecto No Más, que nos convoca en este encuentro, articula esfuerzos institucionales y comunitarios para enfrentar la violencia machista en varias provincias del país. Es una iniciativa coordinada por COSPE la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y su la Editorial de la Mujer, con el acompañamiento del Centro Martin Luther King Jr, la Unión de juristas de Cuba y el Grupo Galfisa del Instituto de Filosofia. Sus objetivos son claros: prevenir y atender la violencia de género, desmontar imaginarios patriarcales y garantizar que las mujeres y niñas tengan acceso a espacios seguros, justicia y acompañamiento.
A este esfuerzo se suman los talleres Gente con swing, que han abierto espacios para que adolescentes construyan prácticas alejadas del machismo y produzcan mensajes propios contra la violencia. Y la campaña Ahí es, con pulso joven y creativo, nos recuerda que desmontar imaginarios patriarcales es tarea urgente y posible desde la comunicación popular. Estas iniciativas muestran que el feminismo cubano se reinventa y se multiplica en cada territorio, con la fuerza de nuestras comunidades y nuestras juventudes.
Otras respuestas han sido múltiples y creativas: redes de mujeres que se apoyan entre sí en los barrios; talleres de formación popular que democratizan el conocimiento; campañas comunitarias que interpelan a la sociedad desde la calle y los medios; espacios de diálogo intergeneracional; y alianzas con organizaciones que nos permiten aprender y crecer juntas.
El feminismo cubano se construye desde la convicción de que es comunitario, popular y socialista. No es un lujo ni una moda: es una alternativa necesaria para sostener la vida, democratizar la palabra y transformar las relaciones de poder.El feminismo cubano se construye desde la convicción de que es comunitario, popular y socialista. No es un lujo ni una moda: es una alternativa necesaria para sostener la vida, democratizar la palabra y transformar las relaciones de poder.
El feminismo cubano no es una copia ni una moda: es popular, comunitario y socialista. Es plural, porque reconoce nuestras diferencias; y es transformador, porque sabe que la violencia no se derrota solo con leyes, sino con cultura, educación y solidaridad. Desde Cuba decimos que otro futuro es posible, y lo estamos construyendo juntas.
Quiero agradecer este espacio. Porque encontrarnos, escucharnos, reconocernos, es también una forma de resistencia. Desde Cuba, seguimos apostando por un feminismo que no se rinde, que se reinventa, que abraza.
Gracias por permitirnos traer nuestras voces a este encuentro. Que este diálogo nos fortalezca y nos inspire.
Olga Karach
In qualità di attivista e/o studiosa, quali forme di violenza state affrontando attualmente tu e/o la tua organizzazione?
Mi chiamo Olga Karach e rappresento il centro per i diritti umani “Our House”. Mi occupo dei diritti delle donne da più di venticinque anni. In Bielorussia è quasi più semplice elencare le forme di violenza che non esistono, perché le donne affrontano ogni possibile forma di violenza. Lo Stato controlla tutte le sfere della vita delle donne — privata, economica, sociale, civica e politica.
Un esempio mostra quanto in profondità arrivi questo controllo. Una donna non può ottenere la patente di guida se non presenta un certificato di un ginecologo che confermi che è “sana come donna”, priva di infezioni sessualmente trasmissibili e non incinta. Agli uomini non viene richiesto nulla di simile. Lo Stato giustifica tali regole sostenendo che la funzione riproduttiva delle donne è una “questione di interesse pubblico” e una “responsabilità dello Stato”. Questa impostazione legittima l’intervento statale nei corpi delle donne e nelle loro scelte quotidiane.
Un altro esempio è l’elenco ufficiale delle professioni vietate alle donne. La maggior parte dei lavori proibiti sono ben retribuiti e offrirebbero alle donne indipendenza economica. Lo Stato afferma che ciò serve a proteggere la salute riproduttiva delle donne, ma lavori ugualmente dannosi e mal pagati restano invece aperti alle donne. Il divieto limita l’accesso delle donne al mercato del lavoro e alla stabilità finanziaria a lungo termine.
La violenza statale è incorporata anche nel sistema del lavoro. La Bielorussia mantiene una forma di schiavitù di Stato che colpisce soprattutto le donne, in particolare quelle che non possono permettersi di pagare i propri studi. Per ottenere un’istruzione superiore, una donna deve accettare di lavorare per lo Stato per due anni dopo la laurea. Durante questo periodo non ha diritto a dimettersi e viene assegnata a qualsiasi luogo nel Paese. Gli stipendi sono estremamente bassi, appena sufficienti per sopravvivere. Gli straordinari non pagati, il lavoro nei fine settimana e la totale subordinazione al datore di lavoro sono pratica comune. Quasi ogni donna laureata in Bielorussia è passata attraverso questo sistema, anche se preferisce non parlarne. Anch’io ho dovuto svolgere questo periodo, perché l’alternativa era pagare circa 25–30 mila euro — una somma impossibile per la maggior parte delle famiglie.
In Bielorussia non esistono rifugi per le sopravvissute alla violenza domestica. Tutte le organizzazioni che sostenevano le vittime sono state etichettate come “estremiste” e chiuse. Quando una donna chiama la polizia e denuncia maltrattamenti, la polizia porta i suoi figli in un’istituzione statale, la lascia sola con il partner violento, la multa e classifica i figli come “a rischio sociale”. Le autorità ottengono così il potere di minacciare la rimozione permanente dei figli, costringendo le donne al silenzio.
La violenza non è solo sistemica, ma anche personale. Sono stata etichettata come “terrorista”, una qualificazione che in Bielorussia comporta la pena di morte. Sono stata inserita come “estremista” ventiquattro volte. Sono stata condannata in contumacia a dodici anni di prigione per un presunto tentativo di rovesciare lo Stato, multata per 170.000 euro e il mio appartamento è stato confiscato e saccheggiato dalle forze di sicurezza. Quando mio figlio aveva un mese, il KGB ha tentato di rapirlo per costringermi a interrompere il mio lavoro. Le minacce contro i bambini sono uno strumento standard usato per disciplinare le donne difensore dei diritti umani, le femministe e le giornaliste.
Attualmente ci sono 208 donne prigioniere politiche in Bielorussia. Sono incarcerate per protesta pacifica, partecipazione civica e per le loro convinzioni. In prigione le donne affrontano un’ulteriore forma di violenza, spesso chiamata terrorismo biologico: collocare deliberatamente una detenuta infetta con una detenuta sana per esporla a COVID-19, tubercolosi, HIV o altre malattie pericolose. L’obiettivo è far ammalare la donna e portarla alla morte, rendendo la morte “naturale”. Almeno un caso documentato mostra che una donna è morta dopo essere stata intenzionalmente infettata in questo modo.
La violenza continua anche dopo la fuga dalla Bielorussia. Una donna che attraversa il confine con la Lituania chiedendo asilo — talvolta con i figli e spesso dopo la prigionia — affronta un divieto di lavoro legale. La Lituania non fornisce alloggio, cibo né un reale sostegno umanitario. Fino a poco tempo fa non esistevano indennità, e quelle nuove sono minime. Molte donne affrontano un rischio reale di fame. Il lavoro informale esiste, ma è mal pagato e privo di protezione. Questo spinge molte donne verso una “prostituzione grigia”: sopravvivenza attraverso la dipendenza da un uomo lituano, scambiando sesso per cibo e un posto dove vivere. Tali situazioni comportano spesso violenza domestica, e anche qui non esistono rifugi né strutture di sostegno.
Alcune attiviste vengono etichettate come “minacce alla sicurezza nazionale” per ragioni infondate, come aver lavorato in una banca vent’anni prima. Donne che sono fuggite dalla repressione si ritrovano improvvisamente a rischio di deportazione nelle prigioni bielorusse. Molte cadono in una trappola legale senza documenti, senza diritto al lavoro e senza un futuro sicuro.
Esiste anche un livello quasi invisibile di violenza che colpisce le famiglie dei prigionieri politici, degli ex detenuti e degli uomini bielorussi che hanno combattuto dalla parte ucraina. Gli uomini tornano dalla prigione o dal fronte con un disturbo post-traumatico acuto. La violenza domestica aumenta e le donne non hanno nessun luogo in cui cercare protezione.
Queste forme di violenza sono strutturali, gravi e in gran parte invisibili.
Con riferimento al Paese in cui vivi o sul quale lavori, quali sono le principali sfide e questioni urgenti che il movimento femminista sta affrontando, e quali risposte positive stanno emergendo?
Nella nostra regione il movimento femminista affronta una serie di problemi gravi e strettamente collegati. La guerra in Ucraina ha riportato la romanticizzazione della guerra e una generale accettazione della violenza. In Bielorussia, Ucraina, Russia, Lituania, Polonia e nei Paesi vicini, i ruoli di genere sono regrediti. Gli uomini sono considerati destinati a combattere. Le donne sono considerate destinate a sostenerli e a incoraggiarli ad andare al fronte. Quando una donna rifiuta questi ruoli, affronta giudizi, pressioni e in alcuni casi punizioni. Questo crea un ambiente patriarcale che limita la libertà delle donne.
Si è formata anche una nuova gerarchia nella quale gli uomini armati sono considerati i membri più preziosi della società. Per questo motivo i diritti delle donne vengono messi da parte o rinviati. La Lettonia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul, la Lituania non l’ha mai firmata e la Bielorussia e la Russia l’hanno sempre rifiutata. Queste decisioni mostrano come le protezioni per le donne vengano smantellate in tutta la regione.
Il genere stesso viene usato come strumento. Le giovani donne diventano simboli pubblici che invitano a continuare la guerra “fino alla vittoria”. Invece di essere sostenute come soggetti della pace, vengono trascinate in narrazioni militarizzate che rafforzano il conflitto.
Un’altra tendenza dannosa è la eroicizzazione della violenza. Gli uomini che tornano dalla guerra, dal carcere politico o dalla repressione statale vengono celebrati come eroi. Ciò rende quasi impossibile affrontare la violenza domestica, soprattutto quando la società ritiene che l’uomo “meriti rispetto”. Molti uomini soffrono di trauma ma non ricevono cure. Le donne che subiscono violenza da tali uomini non possono parlare liberamente, perché la società le colpevolizza. Il peso totale dell’assistenza agli uomini traumatizzati ricade su madri, mogli, sorelle e figlie. Lo Stato non fornisce alcun sostegno una volta che l’uomo non porta più un’arma.
Le donne rifugiate vivono un’ulteriore pressione. Fuggono dalla guerra o dalla violenza statale, ma vengono accusate delle azioni dei leader politici uomini. Alle donne della Bielorussia e della Russia viene detto che avrebbero dovuto fermare Lukashenko o Putin. Questa è un’accusa profondamente patriarcale diretta contro donne che cercavano di resistere ma non avevano potere, risorse o sicurezza.
Un’ulteriore sfida è il ritorno della misoginia e della competizione tossica tra donne. Il militarismo ha riportato una forte rivalità. Molti uomini sono stati uccisi o gravemente traumatizzati, e le donne comprendono che le relazioni stabili potrebbero diventare più difficili. Alcune temono che vedove o donne che hanno perso il partner possano essere giudicate o isolate. Altre non vogliono vivere con uomini affetti da trauma grave. Questo crea un ambiente difficile e talvolta ostile, in cui le donne vengono spinte a competere invece di sostenersi a vicenda. Il militarismo rafforza questa dinamica, dividendo le donne proprio quando la solidarietà è più necessaria.
Il movimento femminista stesso è diventato debole. Molti credevano che i diritti delle donne fossero già garantiti, e così attenzione e finanziamenti sono diminuiti. Intanto sempre più responsabilità non pagate sono state scaricate sulle donne: figli, anziani, debiti, case e rifugiati. Ciò ha portato a una grande stanchezza diffusa tra le donne della regione.
Un altro grande problema è la mancanza di educazione civica ed educazione alla pace. Molte persone non comprendono concetti di base come la socializzazione di genere, la violenza strutturale o persino cosa sia la violenza. Questi temi non sono mai stati discussi seriamente nelle scuole o nella vita pubblica, lasciando le società vulnerabili al pensiero militarizzato.
Per questo motivo c’è un forte bisogno di nuove strutture educative. Un passo positivo importante sarebbe la creazione di un’Accademia femminile della pace per la regione. Riunirebbe donne della Bielorussia, della Russia, dell’Ucraina e dei Paesi della NATO, e fornirebbe formazione in costruzione della pace, risoluzione dei conflitti, riconciliazione e approcci femministi alla sicurezza. Un’accademia di questo tipo aiuterebbe a creare una cultura della pace e a sviluppare narrazioni basate sull’uguaglianza e sulla non violenza, invece che sulla guerra e sul militarismo.
Questo lavoro è direttamente collegato alla Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su Donne, Pace e Sicurezza. Per attuare i suoi impegni, le donne hanno bisogno di preparazione, competenze e conoscenza. Programmi educativi solidi per donne impegnate nella costruzione della pace sono essenziali per ricostruire il movimento femminista e creare spazio per un lavoro orientato alla pace in una regione dominata dalle narrazioni della guerra.
Hadeel KARKAR
In my work I shed light on the structure of colonial political violence. I study the discursive structure that led to colonial genocides between past and present. Before the Gaza genocide, I studied the Palestinian Nakba. I looked at narratives of loss and pain caused by the mass murder and dispossession. I also studied the early genocides in Ireland committed by Oliver Cromwell. I study the logic of elimination used against the people of Ireland, Palestine and the so-called Americas. I engage with two main strategies used by the colonialists to conquer: 1- wiping out entire populations from the land, 2- install European White settlers. I track in my work the discursive structure that make the discourse of elimination against the people of a land targeted by colonialism. Concerning my work recent work on Gaza, I track the origins of the propaganda promoting for committing a genocide long time before it had actually happened.
The women movement in Palestine started in the 1920s and it was marked by the engagement of women in the political and national struggle against the British mandate. They had organized themselves in organizations to carry out protests against the violent disturbances caused by the Zionists who were launching attacks on Palestinians in order to frighten them and push them to leave their houses. The Women movement organized meetings, formed committees and raised funds to send missions to Britain in order to protest the collaborations between the British and the Jewish immigrants. In short, we cannot understand the women movement without situating it within the anticolonial and national contexts of resistance in Palestine.
The movement also established alternative economy plans to support the society. Women engagements and rigorous work continued throughout after the Nakba of 1948. After the arrival of the Palestinian Authority in 1994 and the establishment of funded non-governmental organizations, the focus of women committee’s activities diverted into a different direction. Many committees that considered themselves ‘apolitical’ were contained by the PA to serve its political agenda that is to withdraw their support to the resistance. On the other side, we have the non-governmental organizations that emerged also in the same period. These organizations rely on foreign funding to carry out these activities.
There are three problems in this context: 1- Funding dictates the agenda of these organizations. 2- It prescribes the parameters of their activities. 3- In order to receive funding and to maintain the continuity of their work, organizations have to abide by the political regulations of the donating countries.
For instance, they have to comply by the donating countries pacification of any political involvement of its members. The discourse on the occupation, on their daily lives under occupation should not cause any discomfort to Israel.
The language that is used should be neutral. As a result, the work and attitude of the feminist organizations after receiving donations from the donating countries has become detached from the political reality in Palestine. It has deepened the sense of alienation and segregation the Occupation had strategized to maintain. It in fact made the suffering of Palestinian women caused by the Occupation become invisible.
This is one of the main challenges facing the feminist movement today, as we saw that it manifests itself in the recent genocide. Here I would not only talk about the feminist movement in Palestine, I would consider the international feminist movements who did not have much to say in front of all the inhumane atrocities and violations Palestinian women were subjected to. They have not been effective in speaking against rape in Israeli prisons, in speaking against the infanticide (the mass murder of enfants and mothers), they have not been effective in speaking against the murder of entire families.
In my opinion this lack of efficiency on Palestine is structural. It has to do with the dissociation of the feminist movement from its historical foundation and organic environment. It harks back years of depoliticization and attempts of alienating the movement from the objective it had set itself to do during the different stages of the Palestinian struggle. One of the painful results as well is that the gap between intellectual elites and the rest of the society widened. In that sense, even scholarly work on Palestine (with some exceptions) fails to rise up to the occasion and offer a fair account of the atrocities Palestinian women face.
Alessandra Chiricosta
La lingua vietnamita non presenta un termine che traduca direttamente la parola femminismo. Questa assenza, però, non deve far pensare a una mancanza di movimenti di donne o di soggettività marginalizzate rispetto al genere: è piuttosto il risultato del lascito coloniale. Come in molti altri Paesi che hanno subito l’orrore del colonialismo, esiste una legittima resistenza a utilizzare termini percepiti come emanazione della cultura colonizzatrice.
In Vietnam, elementi riconducibili al femminismo arrivano attraverso la colonizzazione francese e, sebbene abbiano avuto un ruolo significativo nell’alimentare la riflessione e le pratiche attiviste delle donne, portavano con sé un modello di femminilità distante dalla cultura vietnamita, spesso interpretato come un movimento di donne bianche e borghesi.
Occorre quindi riferirsi alla specificità della cultura vietnamita che, nelle sue origini, viene narrata come matrilineare e matrilocale, utilizzando il termine mẫu hệ, spesso tradotto come “matriarcato”. Sia i miti fondativi sia la storia più documentata raccontano di una forza e di una centralità delle donne in ogni ambito della vita civile: politico, militare e sociale.
L’occupazione per dieci secoli del territorio dell’odierno Vietnam da parte dell’Impero cinese ha però determinato un netto peggioramento delle condizioni di vita delle donne, educate progressivamente a una morale patriarcale di tipo confuciano, molto repressiva. Nonostante ciò, le donne vietnamite hanno sempre mantenuto un certo grado di autonomia, anche economica, e una libertà d’azione impensabile per le loro contemporanee europee.
La nascita di un movimento delle donne come motore di trasformazione sociale si intreccia con il processo di decolonizzazione del Paese. Già nell’epoca coloniale, le donne vietnamite avevano iniziato a confrontarsi e a far emergere le problematiche che le riguardavano, sia nelle aree urbane sia in quelle rurali. Ed è durante la lotta per l’indipendenza che nasce l’Unione Vietnamita delle Donne, riconosciuta dal Partito Comunista dell’Indocina nel 1930. Ho chi Minh sosteneva che “nessuna liberazione sarebbe stata completa se non fossero state liberate le donne, schiave degli schiavi”.
La mobilitazione femminile durante la guerra anticoloniale contro la Francia e quella anti-imperialista contro gli Stati Uniti fu centrale e potente. Rifacendosi alla tradizione delle donne combattenti, le vietnamite furono presenti al fronte, nelle azioni di guerriglia e in ogni altro aspetto della lotta di liberazione nazionale.
Tuttavia, molte critiche sottolineano come, all’indomani della guerra, l’autonomia e l’autodeterminazione sperimentate durante il conflitto — insieme alle sue asperità — siano state tradite: la politica nazionale invitò infatti le donne a fare un passo indietro per garantire quell’“armonia familiare” ritenuta necessaria alla ricostruzione della nazione.
Nel 1986 la politica del Đổi Mới (Rinnovamento) apre il paese al socialismo di mercato, tuttora vigente, portando nuove sfide. Il ruolo dell’Unione Vietnamita delle Donne rimane importante: essa ha garantito una significativa partecipazione politica delle donne, a tutti i livelli, - ricordiamo che oggi rappresentano circa il 30% dell’Assemblea Nazionale - e ha contribuito ad affrontare questioni cruciali legate alle condizioni di vita delle donne e il conseguimento della parità, come il diritto all’educazione, all’aborto. In un Paese in cui il tasso di partecipazione femminile al lavoro è del 68%, uno dei più alti della regione, la questione delle condizioni di lavoro per le donne rappresenta una delle questioni centrali dell’Unione Vietnamita delle Donne.
Tuttavia, il fatto che l’Unione sia un’organizzazione strutturale dello Stato ha portato, secondo molte studiose e attiviste, a un’incapacità di tenere il passo con le esigenze delle nuove generazioni e con i nuovi scenari sociali. L’autonomia di un movimento femminista garantisce spesso la vitalità e la possibilità di esprimere voci anche dissonanti rispetto alle politiche ufficiali: uno spazio molto limitato all’interno dell’Unione, che fatica ormai a coinvolgere attivamente soprattutto le persone più giovani.
Una nuova forma di attivismo femminista si è quindi diffusa grazie ai social media, come accaduto in altre regioni del mondo, portando alla luce questioni sentite come urgenti ma spesso trascurate: il cambiamento nella concezione della donna, in particolare nel contesto delle relazioni affettive; la denuncia della sistematicità della violenza di genere; e la rivendicazione di diritti da parte delle persone LGBTQIAR+.
Giovanna Spanò
Quello della Sierra Leone appare un caso di studio meritevole di approfondimento, ponendo particolare attenzione alle dinamiche dell’attivismo dal basso, alla trasformazione normativa e al legame strutturale tra violenza di genere e salute riproduttiva. Collocandolo nel contesto globale successivo alla sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization negli Stati Uniti, il sistema rappresenta una controtendenza rispetto all’ondata regressiva che ha segnato, trasversalmente, diversi ordinamenti.
La riforma del Safe Motherhood and Reproductive Health Act, ancora in fase di dibattito, è interprebile come l’esito di una lunga stagione di mobilitazione sociale, di decolonizzazione giuridica e di ridefinizione delle priorità sanitarie nazionali. Molteplici i processi storici, politici e socio-culturali che hanno permesso questa trasformazione, nonché le principali sfide che ancora ostacolano il pieno riconoscimento dei diritti di genere nel Paese. Nondimeno, la Sierra Leone non costituisce un’eccezione ‘regionale’, ma un laboratorio politico in grado di promuovere un effetto domino ‘positivo’ sui diritti riproduttivi e sulla giustizia di genere nel continente.
La Sierra Leone ha avviato negli ultimi due decenni un processo di riforma ambizioso, culminato nell’annuncio del 2022 di una piena depenalizzazione dell’aborto. La decisione rappresenta una frattura simbolica importante: mentre alcune delle più grandi democrazie restringono l’accesso ai diritti riproduttivi, la Sierra Leone decide di ampliarlo. Questo fenomeno rende il Paese un caso paradigmatico nella discussione globale, anche, ma non solo, perché offre una contro-narrazione rispetto alle tendenze maggioritarie. La persistenza della norma coloniale sottolinea due elementi fondamentali, poi.
In primo luogo, la natura profondamente patriarcale e punitiva del sistema giuridico introdotto dall’amministrazione britannica, volto non a promuovere la salute pubblica, ma a disciplinare i comportamenti riproduttivi e morali della popolazione.
Secondo, l’esistenza di una continuità normativa che ha sopravvissuto all’indipendenza, mantenendo vivo un impianto repressivo incompatibile con le esigenze sanitarie del Paese. Questa eredità coloniale si è tradotta in un contesto sociale in cui l’interruzione volontaria di gravidanza, pur essendo praticata in modo diffuso, avveniva nell’ombra, senza garanzie mediche e con un altissimo rischio per la salute delle donne. La criminalizzazione non ha ridotto il fenomeno, ma lo ha relegato in un circuito clandestino che ha contribuito a rendere la mortalità materna una delle più alte al mondo.
La riforma proposta in Sierra Leone deve dunque essere letta anche come un processo di decolonizzazione giuridica: la liberazione del corpo delle donne coincide simbolicamente con la liberazione da residue forme di dominio. L’avvio delle riforme non nasce nel vuoto, inoltre, ma rappresenta il culmine di un più ampio percorso di ridefinizione dei diritti delle donne iniziato nel periodo immediatamente successivo alla guerra civile. Il 2007 segna un punto di svolta con l’approvazione di un primo pacchetto di leggi orientate alla promozione dell’agency e dei diritti delle donne, tra cui il:
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Domestic Violence Act (2007), che per la prima volta riconosce la violenza domestica come reato;
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Child Rights Act (2007), che tutela i minori da matrimoni forzati e sfruttamento;
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Devolution of Estates Act (2007), che garantisce diritti successori alle donne;
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Registration of Customary Marriage and Divorce Act (2009), che regolamenta i matrimoni consuetudinari spesso fonte di abusi;
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Sexual Offenses Act (2012), rafforzato per confrontare l’emergenza degli stupri;
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Gender Equality and Women’s Empowerment Act (2021), che introduce quote e misure di capacitazione economica.
Queste normative hanno progressivamente modificato il quadro giuridico nazionale, offrendo alle donne un accesso crescente ai diritti fondamentali e creando uno spazio pubblico più ricettivo ai temi dell’autonomia, della giustizia sociale e dell’uguaglianza. Si è trattato di una trasformazione culturale, politica e sociale che ha avuto il merito di scardinare le strutture patriarcali radicate nel tessuto, pure normativo, sierraleonese.
Come accennato, La Sierra Leone è, infatti, tra i Paesi con i più alti indicatori di mortalità materna al mondo; un dato che racchiude un insieme di vulnerabilità strutturali, come, tra le altre, mortalità materna, povertà e violenza strutturale. La notevole incidenza è legata a diversi fattori, quali la difficoltà di accesso ai servizi sanitari, la diffusione di aborti clandestini non sicuri, lo stigma sociale verso le donne che vi ricorrono, elevata incidenza di violenza sessuale e gravidanze minorili. Per ciò, la mortalità materna è anche paradigma di violenza sistemica. In Sierra Leone, l’accesso limitato all’assistenza sanitaria, l’assenza di alternative riproduttive costituiscono forme di coercizione indiretta. La negazione del diritto all’aborto è la punta più visibile dell’iceberg della multiforme violenza di genere. Inoltre, pratiche clandestine espongono le adolescenti – a fortiori nei casi di gravidanze non desiderate – a rischi altissimi. La mancanza di accesso all’interruzione di gravidanza amplifica il trauma e perpetua cicli di marginalizzazione, dunque.
Il Safe Motherhood and Reproductive Health Act ha rappresentato uno dei progetti legislativi più ambiziosi del continente africano. Tra i suoi obiettivi principali figurano la depenalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza, il riconoscimento del diritto all’aborto come servizio sanitario, la regolamentazione di cure sicure e professionali, la garanzia di accesso a informazioni scientificamente corrette, l’integrazione dei diritti riproduttivi all’interno di un quadro più ampio di salute pubblica, oltre al rafforzamento dell’educazione sessuale e della prevenzione.
Il processo di drafting è stato caratterizzato da un’organizzazione senza precedenti, coinvolgendo conferenze ministeriali, consultazioni pubbliche, workshop regionali, con il ruolo attivo di rappresentanti delle aree rurali e mobilitazione delle reti di donne parlamentari. Per la prima volta, un processo legislativo sulla salute pubblica ha incluso attivamente le comunità che vivono in prima persona le conseguenze della violenza diffusa. Probabilmente, l’aspetto più significativo dell’intero processo è il ruolo svolto dell’attivismo.
La riforma non è frutto di un’imposizione esterna, né di una decisione top-down, ma è l’esito di un lavoro decennale della società civile. Le associazioni femministe, i gruppi di donne rurali, gli operatori sanitari, le organizzazioni giovanili e le reti regionali hanno esercitato una pressione costante sulle istituzioni. La rivendicazione si è articolata su fronti diversificati, giacché, per le citate comunità rurali le donne hanno portato nei dibattiti pubblici esperienze dirette di rischio, sofferenza e perdita, trasformando il discorso sull’aborto da tema astratto a questione di vita quotidiana.
In aggiunta, le organizzazioni e associazioni femministe urbane hanno svolto una parte cruciale e significativa nella produzione di materiali divulgativi e nella mobilitazione pubblica. Nondimeno, fondamentale il contributo dei/della professionisti/e della salute, che si sono impegnati/e attivamente per fornire dati, testimonianze e competenze scientifiche. La mobilitazione è stata locale, ma anche regionale (e internazionale): le reti, a tutti i livelli, hanno sostenuto e promosso la riforma attraverso strumenti giuridici locali e advocacy internazionale, tra sostrato tradizionale e ‘lessico’ dei diritti.
In conclusione, in Sierra Leone la violenza di genere non è un fenomeno isolato, ma un sistema complesso che comprende violenza domestica, stupri, matrimoni precoci, aborto clandestino, stigma sociale e controllo patriarcale. La giustizia riproduttiva – intesa come insieme di diritti, condizioni materiali, possibilità economiche e libertà culturali – ne costituisce un pilastro essenziale per affrontare tali dinamiche.
Il Safe Motherhood Act ha rappresentato, quindi, una parte essenziale di un obiettivo assai più ampio, quale quello di ridurre il potere coercitivo sulle scelte delle donne e creare un framework – giuridico, politico, economico – in cui la loro autodefinizione fisica e sociale fosse pienamente valorizzata. Questo approccio si inserisce nel solco di alcuni recenti trends continentali che interpretano i diritti riproduttivi non solo come libertà individuale, ma come strumento di autodeterminazione collettiva.
Ciò dimostra che la promozione e la garanzia dei diritti non segue un percorso lineare né dipende da fattori economici o geopolitici predeterminati. Ovvero, che la geografia dei diritti sta affrontando cambiamenti rilevanti; non ‘flussi’ unidirezionali, ma produzione plurale e policentrica di modelli, pratiche e posizionamenti. Nondimeno, la piena attuazione deve confrontarsi con alcune sfide: dalle resistenze religiose e conservatrici alla carenza di risorse attuative, dalla necessità di formazione medica accurata e specialistica, alla persistente stigmatizzazione, dalle diseguaglianze (anche di accesso) economiche e infrastrutturali, fino alla reiterazione di violenze di genere e sessuali.
Le speranze per il futuro, però, restano intatte, nonché l’auspicio di guardare alla Sierra Leone come leading case africano – seppur non il solo. Merita ribadire l’importanza, nel contesto, del cambiamento inaugurato non da élites politiche, ma dalla partecipazione (f)attiva di comunità e società civile, oltreché l’importanza del corpo delle donne come spazio di autodeterminazione, attraverso cui passa anche la decolonizzazione del diritto, insieme con l’inclusione dei diritti riproduttivi quale tassello irrinunciabile di un quadro sistematico ed effettivo di giustizia sociale, economica, di genere.
In un mondo segnato da regressioni, la Sierra Leone non è solo un caso nazionale, ma un laboratorio globale di giustizia riproduttiva.
Marilys Zayas Shuman
Mi nombre es Marilys Zayas Shuman, soy cubana y periodista feminista. Quiero comenzar agradeciendo profundamente la invitación a este encuentro, que nos permite dialogar y reconocernos en nuestras luchas compartidas.
Hablar del feminismo en Cuba es hablar de una memoria que no se borra. Somos parte de una tradición que une independencia, revolución y comunidad. Les hablo desde una isla que ha vivido y resistido muchas batallas. En cada una de ellas, las mujeres hemos estado en la primera línea: organizadas, solidarias, tercas, soñadoras.
Nuestro feminismo hunde sus raíces en el movimiento sufragista de inicios del siglo XX, cuando mujeres cubanas se organizaron para reclamar el derecho al voto y la educación, y conquistaron en 1934 un hito político fundamental con el sufragio femenino. Tras la Revolución de 1959, sumó sus agendas de lucha a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que se convirtió en un espacio para canalizar demandas de igualdad y avanzar en educación, salud y participación laboral.
Pero hablar de feminismo en Cuba es también hablar de incomprensiones, de miradas que nos observan con sospecha por el desconocimiento de nuestros aportes, y de un campo de disputas contemporáneas.
Las feministas cubanas estamos organizadas desde múltiples espacios: la academia, produciendo saberes críticos; las comunidades, tejiendo redes de apoyo y resistencia; la racialidad, con mujeres negras que han puesto en el centro la lucha contra el racismo y el patriarcado; y la diversidad sexual, con lesbianas y trans que han abierto caminos de visibilidad y dignidad.
Han sido muchos los aportes que nos han traído hasta aquí, y también muchas las insatisfacciones, porque sabemos que aún falta por hacer.
Pregunta 1: ¿Qué violencias enfrentamos?
En Cuba, como en tantas partes del mundo, las violencias contra las mujeres son múltiples y persistentes. La violencia machista en el hogar sigue siendo una realidad que atraviesa generaciones. La violencia simbólica se manifiesta en los medios, en los estereotipos que nos relegan a roles tradicionales y en la invisibilidad de nuestras voces en los relatos oficiales. La violencia económica limita nuestra autonomía, precariza la vida de las mujeres en contextos de crisis y coloca sobre nuestros hombros la carga de sostener la vida cotidiana.
Sin embargo, hemos aprendido a nombrarlas, a denunciarlas y a organizarnos. Desde la FMC trabajamos en barrios, escuelas y centros laborales: escuchamos, acompañamos, formamos. Creamos espacios seguros donde las mujeres pueden hablar sin miedo, sanar y construir juntas. Y desde el periodismo feminista, hemos hecho de la palabra un arma contra el silencio, un recurso para visibilizar lo que se pretende ocultar.
Pregunta 2: ¿Cuáles son nuestros retos y nuestras respuestas?
Uno de los grandes retos es desmontar el machismo que aún persiste en nuestra cultura. No basta con leyes o programas: necesitamos transformar imaginarios, educar desde la infancia, cuestionar lo que se nos ha enseñado como “normal”. Otro reto es la incomprensión del feminismo: a veces se le teme, se le caricaturiza, se le acusa de dividir. Pero insistimos, porque sabemos que sin feminismo no hay justicia social posible.
Las alternativas cubanas ante la violencia de género combinan acciones institucionales —planes, protocolos, campañas— con respuestas comunitarias y autónomas —redes de apoyo, proyectos culturales, activismo digital—. El gran desafío es articular estas iniciativas en un marco legal sólido y plural que garantice protección efectiva y reconozca la diversidad de voces feministas.
La FMC, acompañada por feministas desde distintos ámbitos, ha impulsado importantes marcos legales y programas que hoy visibilizan y atienden mejor el tema de la violencia en nuestro país. Entre ellos: el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), aprobado en 2021 como agenda estatal para la igualdad de género; la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar, que articula acciones intersectoriales; el Código de las Familias, aprobado en 2022, que reconoce la diversidad familiar y amplía derechos con mecanismos de protección frente a la violencia y la discriminación; y la Política Nacional de Cuidados, que coloca el cuidado como derecho humano y busca redistribuir de manera justa las responsabilidades entre familias, sociedad y Estado.
Estas legislaciones son fruto de un camino colectivo, donde la voz feminista ha sido decisiva para que la igualdad y la justicia social se traduzcan en normas concretas y en prácticas de transformación. Cada una de estas alternativas es un hilo que, al entrelazarse, teje un manto de protección y esperanza.
En ese camino, nuestras respuestas se expresan también en proyectos concretos. El Proyecto No Más, que nos convoca en este encuentro, articula esfuerzos institucionales y comunitarios para enfrentar la violencia machista en varias provincias del país. Es una iniciativa coordinada por COSPE la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y su la Editorial de la Mujer, con el acompañamiento del Centro Martin Luther King Jr, la Unión de juristas de Cuba y el Grupo Galfisa del Instituto de Filosofia. Sus objetivos son claros: prevenir y atender la violencia de género, desmontar imaginarios patriarcales y garantizar que las mujeres y niñas tengan acceso a espacios seguros, justicia y acompañamiento.
A este esfuerzo se suman los talleres Gente con swing, que han abierto espacios para que adolescentes construyan prácticas alejadas del machismo y produzcan mensajes propios contra la violencia. Y la campaña Ahí es, con pulso joven y creativo, nos recuerda que desmontar imaginarios patriarcales es tarea urgente y posible desde la comunicación popular. Estas iniciativas muestran que el feminismo cubano se reinventa y se multiplica en cada territorio, con la fuerza de nuestras comunidades y nuestras juventudes.
Otras respuestas han sido múltiples y creativas: redes de mujeres que se apoyan entre sí en los barrios; talleres de formación popular que democratizan el conocimiento; campañas comunitarias que interpelan a la sociedad desde la calle y los medios; espacios de diálogo intergeneracional; y alianzas con organizaciones que nos permiten aprender y crecer juntas.
El feminismo cubano se construye desde la convicción de que es comunitario, popular y socialista. No es un lujo ni una moda: es una alternativa necesaria para sostener la vida, democratizar la palabra y transformar las relaciones de poder.El feminismo cubano se construye desde la convicción de que es comunitario, popular y socialista. No es un lujo ni una moda: es una alternativa necesaria para sostener la vida, democratizar la palabra y transformar las relaciones de poder.
El feminismo cubano no es una copia ni una moda: es popular, comunitario y socialista. Es plural, porque reconoce nuestras diferencias; y es transformador, porque sabe que la violencia no se derrota solo con leyes, sino con cultura, educación y solidaridad. Desde Cuba decimos que otro futuro es posible, y lo estamos construyendo juntas.
Quiero agradecer este espacio. Porque encontrarnos, escucharnos, reconocernos, es también una forma de resistencia. Desde Cuba, seguimos apostando por un feminismo que no se rinde, que se reinventa, que abraza.
Gracias por permitirnos traer nuestras voces a este encuentro. Que este diálogo nos fortalezca y nos inspire.
Olga Karach
In qualità di attivista e/o studiosa, quali forme di violenza state affrontando attualmente tu e/o la tua organizzazione?
Mi chiamo Olga Karach e rappresento il centro per i diritti umani “Our House”. Mi occupo dei diritti delle donne da più di venticinque anni. In Bielorussia è quasi più semplice elencare le forme di violenza che non esistono, perché le donne affrontano ogni possibile forma di violenza. Lo Stato controlla tutte le sfere della vita delle donne — privata, economica, sociale, civica e politica.
Un esempio mostra quanto in profondità arrivi questo controllo. Una donna non può ottenere la patente di guida se non presenta un certificato di un ginecologo che confermi che è “sana come donna”, priva di infezioni sessualmente trasmissibili e non incinta. Agli uomini non viene richiesto nulla di simile. Lo Stato giustifica tali regole sostenendo che la funzione riproduttiva delle donne è una “questione di interesse pubblico” e una “responsabilità dello Stato”. Questa impostazione legittima l’intervento statale nei corpi delle donne e nelle loro scelte quotidiane.
Un altro esempio è l’elenco ufficiale delle professioni vietate alle donne. La maggior parte dei lavori proibiti sono ben retribuiti e offrirebbero alle donne indipendenza economica. Lo Stato afferma che ciò serve a proteggere la salute riproduttiva delle donne, ma lavori ugualmente dannosi e mal pagati restano invece aperti alle donne. Il divieto limita l’accesso delle donne al mercato del lavoro e alla stabilità finanziaria a lungo termine.
La violenza statale è incorporata anche nel sistema del lavoro. La Bielorussia mantiene una forma di schiavitù di Stato che colpisce soprattutto le donne, in particolare quelle che non possono permettersi di pagare i propri studi. Per ottenere un’istruzione superiore, una donna deve accettare di lavorare per lo Stato per due anni dopo la laurea. Durante questo periodo non ha diritto a dimettersi e viene assegnata a qualsiasi luogo nel Paese. Gli stipendi sono estremamente bassi, appena sufficienti per sopravvivere. Gli straordinari non pagati, il lavoro nei fine settimana e la totale subordinazione al datore di lavoro sono pratica comune. Quasi ogni donna laureata in Bielorussia è passata attraverso questo sistema, anche se preferisce non parlarne. Anch’io ho dovuto svolgere questo periodo, perché l’alternativa era pagare circa 25–30 mila euro — una somma impossibile per la maggior parte delle famiglie.
In Bielorussia non esistono rifugi per le sopravvissute alla violenza domestica. Tutte le organizzazioni che sostenevano le vittime sono state etichettate come “estremiste” e chiuse. Quando una donna chiama la polizia e denuncia maltrattamenti, la polizia porta i suoi figli in un’istituzione statale, la lascia sola con il partner violento, la multa e classifica i figli come “a rischio sociale”. Le autorità ottengono così il potere di minacciare la rimozione permanente dei figli, costringendo le donne al silenzio.
La violenza non è solo sistemica, ma anche personale. Sono stata etichettata come “terrorista”, una qualificazione che in Bielorussia comporta la pena di morte. Sono stata inserita come “estremista” ventiquattro volte. Sono stata condannata in contumacia a dodici anni di prigione per un presunto tentativo di rovesciare lo Stato, multata per 170.000 euro e il mio appartamento è stato confiscato e saccheggiato dalle forze di sicurezza. Quando mio figlio aveva un mese, il KGB ha tentato di rapirlo per costringermi a interrompere il mio lavoro. Le minacce contro i bambini sono uno strumento standard usato per disciplinare le donne difensore dei diritti umani, le femministe e le giornaliste.
Attualmente ci sono 208 donne prigioniere politiche in Bielorussia. Sono incarcerate per protesta pacifica, partecipazione civica e per le loro convinzioni. In prigione le donne affrontano un’ulteriore forma di violenza, spesso chiamata terrorismo biologico: collocare deliberatamente una detenuta infetta con una detenuta sana per esporla a COVID-19, tubercolosi, HIV o altre malattie pericolose. L’obiettivo è far ammalare la donna e portarla alla morte, rendendo la morte “naturale”. Almeno un caso documentato mostra che una donna è morta dopo essere stata intenzionalmente infettata in questo modo.
La violenza continua anche dopo la fuga dalla Bielorussia. Una donna che attraversa il confine con la Lituania chiedendo asilo — talvolta con i figli e spesso dopo la prigionia — affronta un divieto di lavoro legale. La Lituania non fornisce alloggio, cibo né un reale sostegno umanitario. Fino a poco tempo fa non esistevano indennità, e quelle nuove sono minime. Molte donne affrontano un rischio reale di fame. Il lavoro informale esiste, ma è mal pagato e privo di protezione. Questo spinge molte donne verso una “prostituzione grigia”: sopravvivenza attraverso la dipendenza da un uomo lituano, scambiando sesso per cibo e un posto dove vivere. Tali situazioni comportano spesso violenza domestica, e anche qui non esistono rifugi né strutture di sostegno.
Alcune attiviste vengono etichettate come “minacce alla sicurezza nazionale” per ragioni infondate, come aver lavorato in una banca vent’anni prima. Donne che sono fuggite dalla repressione si ritrovano improvvisamente a rischio di deportazione nelle prigioni bielorusse. Molte cadono in una trappola legale senza documenti, senza diritto al lavoro e senza un futuro sicuro.
Esiste anche un livello quasi invisibile di violenza che colpisce le famiglie dei prigionieri politici, degli ex detenuti e degli uomini bielorussi che hanno combattuto dalla parte ucraina. Gli uomini tornano dalla prigione o dal fronte con un disturbo post-traumatico acuto. La violenza domestica aumenta e le donne non hanno nessun luogo in cui cercare protezione.
Queste forme di violenza sono strutturali, gravi e in gran parte invisibili.
Con riferimento al Paese in cui vivi o sul quale lavori, quali sono le principali sfide e questioni urgenti che il movimento femminista sta affrontando, e quali risposte positive stanno emergendo?
Nella nostra regione il movimento femminista affronta una serie di problemi gravi e strettamente collegati. La guerra in Ucraina ha riportato la romanticizzazione della guerra e una generale accettazione della violenza. In Bielorussia, Ucraina, Russia, Lituania, Polonia e nei Paesi vicini, i ruoli di genere sono regrediti. Gli uomini sono considerati destinati a combattere. Le donne sono considerate destinate a sostenerli e a incoraggiarli ad andare al fronte. Quando una donna rifiuta questi ruoli, affronta giudizi, pressioni e in alcuni casi punizioni. Questo crea un ambiente patriarcale che limita la libertà delle donne.
Si è formata anche una nuova gerarchia nella quale gli uomini armati sono considerati i membri più preziosi della società. Per questo motivo i diritti delle donne vengono messi da parte o rinviati. La Lettonia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul, la Lituania non l’ha mai firmata e la Bielorussia e la Russia l’hanno sempre rifiutata. Queste decisioni mostrano come le protezioni per le donne vengano smantellate in tutta la regione.
Il genere stesso viene usato come strumento. Le giovani donne diventano simboli pubblici che invitano a continuare la guerra “fino alla vittoria”. Invece di essere sostenute come soggetti della pace, vengono trascinate in narrazioni militarizzate che rafforzano il conflitto.
Un’altra tendenza dannosa è la eroicizzazione della violenza. Gli uomini che tornano dalla guerra, dal carcere politico o dalla repressione statale vengono celebrati come eroi. Ciò rende quasi impossibile affrontare la violenza domestica, soprattutto quando la società ritiene che l’uomo “meriti rispetto”. Molti uomini soffrono di trauma ma non ricevono cure. Le donne che subiscono violenza da tali uomini non possono parlare liberamente, perché la società le colpevolizza. Il peso totale dell’assistenza agli uomini traumatizzati ricade su madri, mogli, sorelle e figlie. Lo Stato non fornisce alcun sostegno una volta che l’uomo non porta più un’arma.
Le donne rifugiate vivono un’ulteriore pressione. Fuggono dalla guerra o dalla violenza statale, ma vengono accusate delle azioni dei leader politici uomini. Alle donne della Bielorussia e della Russia viene detto che avrebbero dovuto fermare Lukashenko o Putin. Questa è un’accusa profondamente patriarcale diretta contro donne che cercavano di resistere ma non avevano potere, risorse o sicurezza.
Un’ulteriore sfida è il ritorno della misoginia e della competizione tossica tra donne. Il militarismo ha riportato una forte rivalità. Molti uomini sono stati uccisi o gravemente traumatizzati, e le donne comprendono che le relazioni stabili potrebbero diventare più difficili. Alcune temono che vedove o donne che hanno perso il partner possano essere giudicate o isolate. Altre non vogliono vivere con uomini affetti da trauma grave. Questo crea un ambiente difficile e talvolta ostile, in cui le donne vengono spinte a competere invece di sostenersi a vicenda. Il militarismo rafforza questa dinamica, dividendo le donne proprio quando la solidarietà è più necessaria.
Il movimento femminista stesso è diventato debole. Molti credevano che i diritti delle donne fossero già garantiti, e così attenzione e finanziamenti sono diminuiti. Intanto sempre più responsabilità non pagate sono state scaricate sulle donne: figli, anziani, debiti, case e rifugiati. Ciò ha portato a una grande stanchezza diffusa tra le donne della regione.
Un altro grande problema è la mancanza di educazione civica ed educazione alla pace. Molte persone non comprendono concetti di base come la socializzazione di genere, la violenza strutturale o persino cosa sia la violenza. Questi temi non sono mai stati discussi seriamente nelle scuole o nella vita pubblica, lasciando le società vulnerabili al pensiero militarizzato.
Per questo motivo c’è un forte bisogno di nuove strutture educative. Un passo positivo importante sarebbe la creazione di un’Accademia femminile della pace per la regione. Riunirebbe donne della Bielorussia, della Russia, dell’Ucraina e dei Paesi della NATO, e fornirebbe formazione in costruzione della pace, risoluzione dei conflitti, riconciliazione e approcci femministi alla sicurezza. Un’accademia di questo tipo aiuterebbe a creare una cultura della pace e a sviluppare narrazioni basate sull’uguaglianza e sulla non violenza, invece che sulla guerra e sul militarismo.
Questo lavoro è direttamente collegato alla Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su Donne, Pace e Sicurezza. Per attuare i suoi impegni, le donne hanno bisogno di preparazione, competenze e conoscenza. Programmi educativi solidi per donne impegnate nella costruzione della pace sono essenziali per ricostruire il movimento femminista e creare spazio per un lavoro orientato alla pace in una regione dominata dalle narrazioni della guerra.
Hadeel KARKAR
In my work I shed light on the structure of colonial political violence. I study the discursive structure that led to colonial genocides between past and present. Before the Gaza genocide, I studied the Palestinian Nakba. I looked at narratives of loss and pain caused by the mass murder and dispossession. I also studied the early genocides in Ireland committed by Oliver Cromwell. I study the logic of elimination used against the people of Ireland, Palestine and the so-called Americas. I engage with two main strategies used by the colonialists to conquer: 1- wiping out entire populations from the land, 2- install European White settlers. I track in my work the discursive structure that make the discourse of elimination against the people of a land targeted by colonialism. Concerning my work recent work on Gaza, I track the origins of the propaganda promoting for committing a genocide long time before it had actually happened.
The women movement in Palestine started in the 1920s and it was marked by the engagement of women in the political and national struggle against the British mandate. They had organized themselves in organizations to carry out protests against the violent disturbances caused by the Zionists who were launching attacks on Palestinians in order to frighten them and push them to leave their houses. The Women movement organized meetings, formed committees and raised funds to send missions to Britain in order to protest the collaborations between the British and the Jewish immigrants. In short, we cannot understand the women movement without situating it within the anticolonial and national contexts of resistance in Palestine.
The movement also established alternative economy plans to support the society. Women engagements and rigorous work continued throughout after the Nakba of 1948. After the arrival of the Palestinian Authority in 1994 and the establishment of funded non-governmental organizations, the focus of women committee’s activities diverted into a different direction. Many committees that considered themselves ‘apolitical’ were contained by the PA to serve its political agenda that is to withdraw their support to the resistance. On the other side, we have the non-governmental organizations that emerged also in the same period. These organizations rely on foreign funding to carry out these activities.
There are three problems in this context: 1- Funding dictates the agenda of these organizations. 2- It prescribes the parameters of their activities. 3- In order to receive funding and to maintain the continuity of their work, organizations have to abide by the political regulations of the donating countries.
For instance, they have to comply by the donating countries pacification of any political involvement of its members. The discourse on the occupation, on their daily lives under occupation should not cause any discomfort to Israel.
The language that is used should be neutral. As a result, the work and attitude of the feminist organizations after receiving donations from the donating countries has become detached from the political reality in Palestine. It has deepened the sense of alienation and segregation the Occupation had strategized to maintain. It in fact made the suffering of Palestinian women caused by the Occupation become invisible.
This is one of the main challenges facing the feminist movement today, as we saw that it manifests itself in the recent genocide. Here I would not only talk about the feminist movement in Palestine, I would consider the international feminist movements who did not have much to say in front of all the inhumane atrocities and violations Palestinian women were subjected to. They have not been effective in speaking against rape in Israeli prisons, in speaking against the infanticide (the mass murder of enfants and mothers), they have not been effective in speaking against the murder of entire families.
In my opinion this lack of efficiency on Palestine is structural. It has to do with the dissociation of the feminist movement from its historical foundation and organic environment. It harks back years of depoliticization and attempts of alienating the movement from the objective it had set itself to do during the different stages of the Palestinian struggle. One of the painful results as well is that the gap between intellectual elites and the rest of the society widened. In that sense, even scholarly work on Palestine (with some exceptions) fails to rise up to the occasion and offer a fair account of the atrocities Palestinian women face.
Alessandra Chiricosta
La lingua vietnamita non presenta un termine che traduca direttamente la parola femminismo. Questa assenza, però, non deve far pensare a una mancanza di movimenti di donne o di soggettività marginalizzate rispetto al genere: è piuttosto il risultato del lascito coloniale. Come in molti altri Paesi che hanno subito l’orrore del colonialismo, esiste una legittima resistenza a utilizzare termini percepiti come emanazione della cultura colonizzatrice.
In Vietnam, elementi riconducibili al femminismo arrivano attraverso la colonizzazione francese e, sebbene abbiano avuto un ruolo significativo nell’alimentare la riflessione e le pratiche attiviste delle donne, portavano con sé un modello di femminilità distante dalla cultura vietnamita, spesso interpretato come un movimento di donne bianche e borghesi.
Occorre quindi riferirsi alla specificità della cultura vietnamita che, nelle sue origini, viene narrata come matrilineare e matrilocale, utilizzando il termine mẫu hệ, spesso tradotto come “matriarcato”. Sia i miti fondativi sia la storia più documentata raccontano di una forza e di una centralità delle donne in ogni ambito della vita civile: politico, militare e sociale.
L’occupazione per dieci secoli del territorio dell’odierno Vietnam da parte dell’Impero cinese ha però determinato un netto peggioramento delle condizioni di vita delle donne, educate progressivamente a una morale patriarcale di tipo confuciano, molto repressiva. Nonostante ciò, le donne vietnamite hanno sempre mantenuto un certo grado di autonomia, anche economica, e una libertà d’azione impensabile per le loro contemporanee europee.
La nascita di un movimento delle donne come motore di trasformazione sociale si intreccia con il processo di decolonizzazione del Paese. Già nell’epoca coloniale, le donne vietnamite avevano iniziato a confrontarsi e a far emergere le problematiche che le riguardavano, sia nelle aree urbane sia in quelle rurali. Ed è durante la lotta per l’indipendenza che nasce l’Unione Vietnamita delle Donne, riconosciuta dal Partito Comunista dell’Indocina nel 1930. Ho chi Minh sosteneva che “nessuna liberazione sarebbe stata completa se non fossero state liberate le donne, schiave degli schiavi”.
La mobilitazione femminile durante la guerra anticoloniale contro la Francia e quella anti-imperialista contro gli Stati Uniti fu centrale e potente. Rifacendosi alla tradizione delle donne combattenti, le vietnamite furono presenti al fronte, nelle azioni di guerriglia e in ogni altro aspetto della lotta di liberazione nazionale.
Tuttavia, molte critiche sottolineano come, all’indomani della guerra, l’autonomia e l’autodeterminazione sperimentate durante il conflitto — insieme alle sue asperità — siano state tradite: la politica nazionale invitò infatti le donne a fare un passo indietro per garantire quell’“armonia familiare” ritenuta necessaria alla ricostruzione della nazione.
Nel 1986 la politica del Đổi Mới (Rinnovamento) apre il paese al socialismo di mercato, tuttora vigente, portando nuove sfide. Il ruolo dell’Unione Vietnamita delle Donne rimane importante: essa ha garantito una significativa partecipazione politica delle donne, a tutti i livelli, - ricordiamo che oggi rappresentano circa il 30% dell’Assemblea Nazionale - e ha contribuito ad affrontare questioni cruciali legate alle condizioni di vita delle donne e il conseguimento della parità, come il diritto all’educazione, all’aborto. In un Paese in cui il tasso di partecipazione femminile al lavoro è del 68%, uno dei più alti della regione, la questione delle condizioni di lavoro per le donne rappresenta una delle questioni centrali dell’Unione Vietnamita delle Donne.
Tuttavia, il fatto che l’Unione sia un’organizzazione strutturale dello Stato ha portato, secondo molte studiose e attiviste, a un’incapacità di tenere il passo con le esigenze delle nuove generazioni e con i nuovi scenari sociali. L’autonomia di un movimento femminista garantisce spesso la vitalità e la possibilità di esprimere voci anche dissonanti rispetto alle politiche ufficiali: uno spazio molto limitato all’interno dell’Unione, che fatica ormai a coinvolgere attivamente soprattutto le persone più giovani.
Una nuova forma di attivismo femminista si è quindi diffusa grazie ai social media, come accaduto in altre regioni del mondo, portando alla luce questioni sentite come urgenti ma spesso trascurate: il cambiamento nella concezione della donna, in particolare nel contesto delle relazioni affettive; la denuncia della sistematicità della violenza di genere; e la rivendicazione di diritti da parte delle persone LGBTQIAR+.
Giovanna Spanò
Quello della Sierra Leone appare un caso di studio meritevole di approfondimento, ponendo particolare attenzione alle dinamiche dell’attivismo dal basso, alla trasformazione normativa e al legame strutturale tra violenza di genere e salute riproduttiva. Collocandolo nel contesto globale successivo alla sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization negli Stati Uniti, il sistema rappresenta una controtendenza rispetto all’ondata regressiva che ha segnato, trasversalmente, diversi ordinamenti.
La riforma del Safe Motherhood and Reproductive Health Act, ancora in fase di dibattito, è interprebile come l’esito di una lunga stagione di mobilitazione sociale, di decolonizzazione giuridica e di ridefinizione delle priorità sanitarie nazionali. Molteplici i processi storici, politici e socio-culturali che hanno permesso questa trasformazione, nonché le principali sfide che ancora ostacolano il pieno riconoscimento dei diritti di genere nel Paese. Nondimeno, la Sierra Leone non costituisce un’eccezione ‘regionale’, ma un laboratorio politico in grado di promuovere un effetto domino ‘positivo’ sui diritti riproduttivi e sulla giustizia di genere nel continente.
La Sierra Leone ha avviato negli ultimi due decenni un processo di riforma ambizioso, culminato nell’annuncio del 2022 di una piena depenalizzazione dell’aborto. La decisione rappresenta una frattura simbolica importante: mentre alcune delle più grandi democrazie restringono l’accesso ai diritti riproduttivi, la Sierra Leone decide di ampliarlo. Questo fenomeno rende il Paese un caso paradigmatico nella discussione globale, anche, ma non solo, perché offre una contro-narrazione rispetto alle tendenze maggioritarie. La persistenza della norma coloniale sottolinea due elementi fondamentali, poi.
In primo luogo, la natura profondamente patriarcale e punitiva del sistema giuridico introdotto dall’amministrazione britannica, volto non a promuovere la salute pubblica, ma a disciplinare i comportamenti riproduttivi e morali della popolazione.
Secondo, l’esistenza di una continuità normativa che ha sopravvissuto all’indipendenza, mantenendo vivo un impianto repressivo incompatibile con le esigenze sanitarie del Paese. Questa eredità coloniale si è tradotta in un contesto sociale in cui l’interruzione volontaria di gravidanza, pur essendo praticata in modo diffuso, avveniva nell’ombra, senza garanzie mediche e con un altissimo rischio per la salute delle donne. La criminalizzazione non ha ridotto il fenomeno, ma lo ha relegato in un circuito clandestino che ha contribuito a rendere la mortalità materna una delle più alte al mondo.
La riforma proposta in Sierra Leone deve dunque essere letta anche come un processo di decolonizzazione giuridica: la liberazione del corpo delle donne coincide simbolicamente con la liberazione da residue forme di dominio. L’avvio delle riforme non nasce nel vuoto, inoltre, ma rappresenta il culmine di un più ampio percorso di ridefinizione dei diritti delle donne iniziato nel periodo immediatamente successivo alla guerra civile. Il 2007 segna un punto di svolta con l’approvazione di un primo pacchetto di leggi orientate alla promozione dell’agency e dei diritti delle donne, tra cui il:
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Domestic Violence Act (2007), che per la prima volta riconosce la violenza domestica come reato;
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Child Rights Act (2007), che tutela i minori da matrimoni forzati e sfruttamento;
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Devolution of Estates Act (2007), che garantisce diritti successori alle donne;
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Registration of Customary Marriage and Divorce Act (2009), che regolamenta i matrimoni consuetudinari spesso fonte di abusi;
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Sexual Offenses Act (2012), rafforzato per confrontare l’emergenza degli stupri;
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Gender Equality and Women’s Empowerment Act (2021), che introduce quote e misure di capacitazione economica.
Queste normative hanno progressivamente modificato il quadro giuridico nazionale, offrendo alle donne un accesso crescente ai diritti fondamentali e creando uno spazio pubblico più ricettivo ai temi dell’autonomia, della giustizia sociale e dell’uguaglianza. Si è trattato di una trasformazione culturale, politica e sociale che ha avuto il merito di scardinare le strutture patriarcali radicate nel tessuto, pure normativo, sierraleonese.
Come accennato, La Sierra Leone è, infatti, tra i Paesi con i più alti indicatori di mortalità materna al mondo; un dato che racchiude un insieme di vulnerabilità strutturali, come, tra le altre, mortalità materna, povertà e violenza strutturale. La notevole incidenza è legata a diversi fattori, quali la difficoltà di accesso ai servizi sanitari, la diffusione di aborti clandestini non sicuri, lo stigma sociale verso le donne che vi ricorrono, elevata incidenza di violenza sessuale e gravidanze minorili. Per ciò, la mortalità materna è anche paradigma di violenza sistemica. In Sierra Leone, l’accesso limitato all’assistenza sanitaria, l’assenza di alternative riproduttive costituiscono forme di coercizione indiretta. La negazione del diritto all’aborto è la punta più visibile dell’iceberg della multiforme violenza di genere. Inoltre, pratiche clandestine espongono le adolescenti – a fortiori nei casi di gravidanze non desiderate – a rischi altissimi. La mancanza di accesso all’interruzione di gravidanza amplifica il trauma e perpetua cicli di marginalizzazione, dunque.
Il Safe Motherhood and Reproductive Health Act ha rappresentato uno dei progetti legislativi più ambiziosi del continente africano. Tra i suoi obiettivi principali figurano la depenalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza, il riconoscimento del diritto all’aborto come servizio sanitario, la regolamentazione di cure sicure e professionali, la garanzia di accesso a informazioni scientificamente corrette, l’integrazione dei diritti riproduttivi all’interno di un quadro più ampio di salute pubblica, oltre al rafforzamento dell’educazione sessuale e della prevenzione.
Il processo di drafting è stato caratterizzato da un’organizzazione senza precedenti, coinvolgendo conferenze ministeriali, consultazioni pubbliche, workshop regionali, con il ruolo attivo di rappresentanti delle aree rurali e mobilitazione delle reti di donne parlamentari. Per la prima volta, un processo legislativo sulla salute pubblica ha incluso attivamente le comunità che vivono in prima persona le conseguenze della violenza diffusa. Probabilmente, l’aspetto più significativo dell’intero processo è il ruolo svolto dell’attivismo.
La riforma non è frutto di un’imposizione esterna, né di una decisione top-down, ma è l’esito di un lavoro decennale della società civile. Le associazioni femministe, i gruppi di donne rurali, gli operatori sanitari, le organizzazioni giovanili e le reti regionali hanno esercitato una pressione costante sulle istituzioni. La rivendicazione si è articolata su fronti diversificati, giacché, per le citate comunità rurali le donne hanno portato nei dibattiti pubblici esperienze dirette di rischio, sofferenza e perdita, trasformando il discorso sull’aborto da tema astratto a questione di vita quotidiana.
In aggiunta, le organizzazioni e associazioni femministe urbane hanno svolto una parte cruciale e significativa nella produzione di materiali divulgativi e nella mobilitazione pubblica. Nondimeno, fondamentale il contributo dei/della professionisti/e della salute, che si sono impegnati/e attivamente per fornire dati, testimonianze e competenze scientifiche. La mobilitazione è stata locale, ma anche regionale (e internazionale): le reti, a tutti i livelli, hanno sostenuto e promosso la riforma attraverso strumenti giuridici locali e advocacy internazionale, tra sostrato tradizionale e ‘lessico’ dei diritti.
In conclusione, in Sierra Leone la violenza di genere non è un fenomeno isolato, ma un sistema complesso che comprende violenza domestica, stupri, matrimoni precoci, aborto clandestino, stigma sociale e controllo patriarcale. La giustizia riproduttiva – intesa come insieme di diritti, condizioni materiali, possibilità economiche e libertà culturali – ne costituisce un pilastro essenziale per affrontare tali dinamiche.
Il Safe Motherhood Act ha rappresentato, quindi, una parte essenziale di un obiettivo assai più ampio, quale quello di ridurre il potere coercitivo sulle scelte delle donne e creare un framework – giuridico, politico, economico – in cui la loro autodefinizione fisica e sociale fosse pienamente valorizzata. Questo approccio si inserisce nel solco di alcuni recenti trends continentali che interpretano i diritti riproduttivi non solo come libertà individuale, ma come strumento di autodeterminazione collettiva.
Ciò dimostra che la promozione e la garanzia dei diritti non segue un percorso lineare né dipende da fattori economici o geopolitici predeterminati. Ovvero, che la geografia dei diritti sta affrontando cambiamenti rilevanti; non ‘flussi’ unidirezionali, ma produzione plurale e policentrica di modelli, pratiche e posizionamenti. Nondimeno, la piena attuazione deve confrontarsi con alcune sfide: dalle resistenze religiose e conservatrici alla carenza di risorse attuative, dalla necessità di formazione medica accurata e specialistica, alla persistente stigmatizzazione, dalle diseguaglianze (anche di accesso) economiche e infrastrutturali, fino alla reiterazione di violenze di genere e sessuali.
Le speranze per il futuro, però, restano intatte, nonché l’auspicio di guardare alla Sierra Leone come leading case africano – seppur non il solo. Merita ribadire l’importanza, nel contesto, del cambiamento inaugurato non da élites politiche, ma dalla partecipazione (f)attiva di comunità e società civile, oltreché l’importanza del corpo delle donne come spazio di autodeterminazione, attraverso cui passa anche la decolonizzazione del diritto, insieme con l’inclusione dei diritti riproduttivi quale tassello irrinunciabile di un quadro sistematico ed effettivo di giustizia sociale, economica, di genere.
In un mondo segnato da regressioni, la Sierra Leone non è solo un caso nazionale, ma un laboratorio globale di giustizia riproduttiva.
